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                            Con Estudios de Caso de las Defensorías en Costa Rica, Perú y Venezuela
y su Rol en los Conflictos Ambientales*
Por
CONTENIDO
	I. ANTECEDENTES
	II. ANÁLISIS COMPARATIVO NORMATIVO LATINOAMERICANO
	III. ESTUDIO DE CASOS SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES
		Comisión Andina de Juristas (1996).
			II.  ANÁLISIS COMPARATIVO NORMATIVO LATINOAMERICANO
			Venezuela
				“Artículo 1. Atribución general
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	Costa Rica
	Venezuela
	Costa Rica
                        
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN LATINOAMÉRICA:
UN ANÁLISIS COMPARATIVO


Con Estudios de Caso de las Defensorías en Costa Rica, Perú y Venezuela

y su Rol en los Conflictos Ambientales*


Por
Maria Fernanda Quesada, Candidata de Licenciatura

Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
Angie Steiner, JD. Candidate,

Levin College of Law, University of Florida
Lic. César Gamboa, Abogado Asociado

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR
(Becario Peruano, E-Law Program)


Bajo los Auspicios de


CONSULTORIO JURÍDICO AMBIENTAL/CONSERVATION CLINIC


UNIVERSITY OF FLORIDA/ UNIVERSITY OF COSTA RICA

JOINT PROGRAM IN ENVIRONMENTAL LAW


Thomas T. Ankersen, Director
Shirley Sanchez, Directora


AUGUST, 2005


CONTENIDO


INTRODUCCIÓN

I. ANTECEDENTES

1. Orígenes de la Institución
2. Características Generales
3. Prognosis de la Institución

II. ANÁLISIS COMPARATIVO NORMATIVO LATINOAMERICANO
1. Defensorías del Pueblo en Latinoamérica
2. Análisis Comparativo entre las Defensorías del Pueblos de Costa Rica, Perú y Venezuela

2.1. Normatividad
2.2. Capacidad Institucional
2.3. Capacidad Funcional
2.4. Capacidad Persuasiva

3. Identificación de Funciones sobre Solución de Conflictos Ambientales
III. ESTUDIO DE CASOS SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS AMBIENTALES

1. Defensoría de los Habitantes de Costa Rica
1.1. Reseña Histórica
1.2. Temas Ambientales
1.3. Caso El Pedregal

2. Defensoría del Pueblo de Perú
2.1. Reseña Histórica
2.2. Situación Actual
2.3. Caso Tambogrande

3. Defensoría del Pueblo de Venezuela
3.1. Reseña Histórica
3.2. Caso de la Línea de Energía Eléctrica en el Estado de Bolívar
3.3. Caso del Saneamiento y la Descontaminación del Mercurio en la Represa de Guri

4. Evaluación de Experiencias



* Este investigación es parte del Clinic Project realizado por los autores en el marco del Programa
Conjunto en Derecho Ambiental, Universidad de Costa Rica / Universidad de Florida (2005). Los autores agradecen
por el apoyo material de este trabajo a Thomas Ankersen (Consultorio Jurídico Ambiental, UFL), Shirley Sánchez
(Consultorio Jurídico Ambiental, UCR), Carlos Soria (Defensoría del Pueblo de Perú) y Alberto Barandiaran
(Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR, Perú).

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CONCLUSIONES

Anexo I. Matriz de Normatividad Comparada de la Defensoría del Pueblo de Latinoamérica
Anexo II. Matriz de Capacidad Institucional Comparada de la Defensoría del Pueblo de Latinoamérica
Anexo III. Matriz de Capacidad Funcional Comparada de la Defensoría del Pueblo de Latinoamérica
Anexo IV. Matriz de Capacidad Persuasiva Comparada de la Defensoría del Pueblo de Latinoamérica
Anexo V. Matriz de Normatividad Comparada entre las Defensorías del Pueblo de Costa Rica, Perú y
Venezuela
Anexo VI. Matriz de Capacidad Institucional Comparada entre las Defensorías del Pueblo de Costa Rica,
Perú y Venezuela
Anexo VII. Matriz de Capacidad Funcional Comparada entre las Defensorías del Pueblo de Costa Rica,
Perú Y Venezuela
Anexo VIII. Matriz de Capacidad Persuasiva Comparada entre las Defensorías del Pueblo de Costa Rica,
Perú y Venezuela

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Cardoso de Brasil54. En el acuerdo de 20 años por $400 millones de dólares55, Venezuela
acordó proporcionar al Estado norteño del Brasil de Roraima de electricidad a través de a
represa de Guri56 (que provee mas del 70% de la energía de Venezuela57) en un índice de 9
bolivares/kilowatts/hora en vez del índice generalmente de 39 bolivares/kilowatts/hora. A pesar
de la impopularidad del MESEEVB, en el 2001, el presidente Chavez renovó la obligación de
Venezuela para proporcionar la electricidad al norte de Brasil58.

En cuanto a la legalidad del MESEEVB, según el artículo 150 de la Constitución actual, el
gobierno venezolano prohíbe la vigencia de tratados internacionales sin la previa aprobación de
la Asamblea Nacional59. El acuerdo 1997 entre Venezuela y el Brasil nunca fue aprobado por la
Asamblea Nacional, ni sometido ante éste para su aprobación.

Las consecuencias para el medio ambiente del tendido eléctrico que pasa a través de la
reserva del Bosque de Imataca, del Parque Nacional de Canaima (Declarado como Sitio de
Herencia Mundial por la UNESCO en 1994), de una zona protegida en el Estado meridional de
Bolívar y que se extiende sobre los ríos de Karuai, de Aponguao y de Carrao (afluentes del río
de Caroni60), son contundentes contra la forestación, la erosión del suelo, la sedimentación, la
pérdida del hábitat, la fragmentación del hábitat y de la pérdida de la belleza natural del área61.

Por otro lado, el Decreto Presidencial Nº 1850 de 14 de mayo de 1997 de Rafael Caldera
expresó la intención del gobierno de conceder concesiones de explotación minera de oro en la
Reserva del Bosque de Imataca62. Asimismo, el Decreto 1850 dispuso el 37% de la reserva del
bosque de Imataca (1.4 millones de hectáreas) para las concesiones de explotación minera. El
Decreto 1850 coincidió “convenientemente” con el acuerdo MESEEVB para construir la red de
tendido eléctrico a través de la reserva del bosque de Imataca. Uno de los puntos principales
de la red de tendido eléctrico pasa en Imataca a través Las Claritas, una gran depósito aurífero.
En el 2000, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Crystallex Internacional
(corporación canadiense) firmaron un contrato que concedía los derechos de explotación
minera de Crystallex a aproximadamente 11 millones de onzas de oro en Las Cristinas, de
valor cerca de 4 mil millones dólares. En el contrato, Crystallex acordó conceder derechos al
Ministerio de Energía y Minas, en la cantidad de aproximadamente 3% de sus beneficios. Vale
observar que la explotación minera aurífera no es posible sin una fuente grande de electricidad.

Otro conflicto se desarrolló con respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas de
la zona. Nunca fueron consultadas las docenas comunidades indígenas afectadas por el
tendido eléctrico (Warao, Arawako, Karina, Akawaio y Pemón), sobre el proyecto. Los
opositores más fuertes son la comunidad Pemón, de 21.000 personas que habitan en gran
parte de la Gran Sabana que queda en el Alto Caroni y en las tierras bajas del bosque de
Imataca63. La mayoría del Pemón que vive en el bosque de Imataca tiene derechos territoriales
de acuerdo con el capítulo VIII de la Constitución 1999. Las comunidades indígenas han


54 Asamblea Nacional-Comisión Especial para el estudio de la problemática del sector eléctrico, Informe de
la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial en relación al Sistema de
Transmisión Eléctrica al Sureste del Estado Bolívar y la conexión Venezuela-Brasil, (15/05/2001), en
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/informes.asp?id=12

55 Audubon Presenta su Posición Con Respecto al Tendido Eléctrico Entre Macagua II y Boa Vista, Brasil,
en http://nuevomedio.com/tepuy-vox/ecologica.htm

56 Andrés Canizalez, Indígenas protestan contra línea eléctrica a Brasil, Tierramerica (15/10/2000), en
www.cdi.gob.mx/conadepi/iii/cletus/venezuela.pdf

57 Derechos Humanos y Coyuntura, Boletín No. 51: 15-28 abril de 2000, en
http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2000/coyuntura_51.pdf

58 Julio Cesar Centeno, Oro en Imataca, (p. 7), en http://www.ecoportal.net/content/view/full/25883
59 Asamblea Nacional-Comisión Especial para el estudio de la problemática del sector eléctrico, Informe de

la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial en relación al Sistema de
Transmisión Eléctrica al Sureste del Estado Bolívar y la conexión Venezuela-Brasil, (15/05/2001),
en http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/informes.asp?id=12

60Nelson Méndez, ¿Qué pasa con el tendido eléctrico hacia Brasil?, (25/1/2001), en
http://www.analitica.com/bitblioteca/nelson_mendez/tendido.asp

61 Audubon Presenta su Posición Con Respecto al Tendido Eléctrico Entre Macagua II y Boa Vista, Brasil,
en http://nuevomedio.com/tepuy-vox/ecologica.htm

62 Julio Cesar Centeno, Oro en Imataca, (p. 4) en http://www.ecoportal.net/content/view/full/25883
63 Los Pemón de Venezuela defienden tierras amenazadas por proyecto eléctrico, en

http://www.survival.es/castellano/p01/fc02p01/fc06p01/fc07p01/Pemón.htm

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protestado contra la construcción de la línea de energía por varios medios, incluyendo:
solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia para la suspensión de la línea de energía
construcción64; pidieron al presidente Chávez suspenda temporalmente la construcción
mientras que se conducen los estudios de impacto ambiental y cultural65; bloquearon la
carretera de la Gran Sabana66; exigieron un alto a la construcción eléctrica venezolana de la
compañía EDELCA67; destruyeron las torres de energía eléctrica68 y en última instancia,
pidieron ayuda a la Defensoría del Ambiente69.

La queja interpuesta a la Defensoría sobre la construcción de la línea de tendido eléctrico
protesta por la falta de una consulta a las comunidades indígenas, el pedido de permitir la
participación de ecologistas o de comunidades indígenas en relación con las ventajas
eventuales de una línea de tendido eléctrico a las comunidades afectadas; la ausencia de
medidas para reducir al mínimo efectos negativos de la línea de energía eléctrica en
construcción; los efectos perniciosos que tendrá la línea de tendido eléctrico en los valores de
las comunidades indígenas, en la cultura tradicional de acuerdo con la ley de territorios
indígenas (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), así como la violación de los derechos de
las comunidades indígenas (arts. 120, 121, 123 y 129) a tener un ambiente inafectado debido
al incumplimiento con el plan de la gerencia y las normas del uso para el sector del este del
Parque Nacional de Canaima (Decreto N° 1640 de 1991) y el impacto sociocultural debido a la
instalación de torres y emplazamientos de la obra asociados que trastornen ambientalmente las
áreas frágiles (Sierra de Lema, Reserva Forestal de Imataca y Lote Boscoso San Pedro, Zona
Protectora Sur del Estado Bolívar, etc.)70.

Después de un trabajo en la zona, las recomendaciones de la Defensoría consistieron en:


1. Propuestas para mitigar la instalación de las torres de alta tensión eléctrica a través de
la elevación de estas con helicópteros, limitando la deforestación;

2. Ayudar a la Comunidad de Pemón a interponer procesos constitucionales contra el
Estado;

3. Reducir las áreas ocupadas e instalaciones de energía en el Parque Nacional
Canaima;

4. Supervisión de las estructuras que son empleadas durante las instalaciones:
5. Medidas ambientales dirigidas a acciones de revegetación en áreas afectadas;
6. Control de deforestación, de la disposición y la administración del aprovechamiento

forestal;
7. Recuperación de áreas afectadas;
8. Adecuada disposición del aprovechamiento hídrico;
9. Promoción del acuerdo de entendimiento firmado por el Poder Ejecutivo (un acuerdo

económico, donde el Estado contempla el presupuesto para las demandas de
ecoturismo, acuicultura y pesca artesanal que son elaboradas y desarrolladas por las
comunidades indígenas).


3.3. CASO DEL SANEAMIENTO Y LA DESCONTAMINACIÓN DEL MERCURIO EN LA

REPRESA DE GURI



64 Andrés Canizalez, Indígenas protestan contra línea eléctrica a Brasil, Tierramerica (15/10/2000), en

www.cdi.gob.mx/conadepi/iii/cletus/venezuela.pdf
65 Andrés Canizalez, El Tendido Eléctrico de Discordia, en

http://www.tierramerica.net/2001/0415/acentos2.shtml
66 Los Indígenas Estan Siendo Pisoteados Otra Vez en Venezuela, en http://nuevomedio.com/tepuy-

vox/ecologica.htm
67 Los Pemón de Venezuela defienden tierras amenazadas por proyecto eléctrico, en

http://www.survival.es/castellano/p01/fc02p01/fc06p01/fc07p01/Pemón.htm
68 Asamblea Nacional-Comisión Especial para el estudio de la problemática del sector eléctrico, Informe de

la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial en relación al Sistema de
Transmisión Eléctrica al Sureste del Estado Bolívar y la conexión Venezuela-Brasil, (15/05/2001), en
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/informes.asp?id=12

69 Andrés Canizalez, Indígenas protestan contra línea eléctrica a Brasil, Tierramerica (15/10/2000), en
www.cdi.gob.mx/conadepi/iii/cletus/venezuela.pdf

70 http://www.Defensoría.gov.ve/detalle.asp?sec=190102&id=570&plantilla=8

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ANEXO VIII. CAPACIDAD COERCITIVA COMPARADA ENTRE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO DE COSTA RICA, PERÚ Y VENEZUELA


País Procedimiento de Queja Resoluciones y sus efectos Recursos a sus recomendaciones Desacato a sus investigaciones y recomendaciones
Costa Rica - Personas físicas o jurídicas pueden

presentar queja dentro del plazo de 1 año de
que se tuvo conocimiento del hecho (art.
17.2)
- Admitida la queja, se notifica y solicita
informe al denunciado y a su jefe, quienes
tiene plazo perentorio de 5 días para que
ofrezcan pruebas de descargo (art. 20 Ley)
- La Defensoría decidirá dentro del término
de 2 meses (art. 21. Ley)

- No sustituye actuaciones administrativas
(art. 14. 1 Ley)
- Recomienda y previene la recomendación
correspondiente (art. 14. 2 Ley)

Solo el de reconsideración contra
decisiones, actuaciones e informes del
Defensor (art. 22 Ley)

- Si se niega a contestar o enviar
documentación durante la investigación el
funcionario incurre en el delito de
desobediencia. El Defensor informa al
superior y al Ministerio Público (art. 26 Ley)
- Si no se acatan recomendaciones se
amonesta al funcionario y si se reitera el
incumplimiento se recomienda suspensión o
despido (art. 14.3 Ley)

Perú - Personas naturales o jurídicas, el Pleno y
Comisiones del Congreso pueden presentar
queja, una vez admitida procede a
investigación sumaria, informa de la queja a
órgano correspondiente para que en un
máximo de 30 días emita informe escrito. En
caso de no tener respuesta un nuevo
requerimiento para que envíe informe en 5
días más termino de la distancia.
- Cuando queja atañe a conducta del
servidor, se da cuenta al funcionario y a su
jefe. El funcionario responde en el término
no inferior a 6 días calendario (art. 22 Ley)

- Las quejas no interrumpen plazos ni anulan
actos.
- Puede formular a las autoridades
recomendaciones y recordatorios,
autoridades obligados a responder
recomendaciones en plazo de 30 días. Si no
se adoptan medidas adecuadas o no se
informa la razón para no adoptarlas, el
Defensor lo pone en conocimiento de la
máxima autoridad respectiva y cuando
corresponda a la Contraloría General (art. 26
Ley)

- Sobre admisibilidad no tienen recurso (art.
20 Ley)
- Los actos del Defensor no son revisables
en sede judicial y solo pueden ser objeto de
reconsideración ante el propio Defensor (art.
31 Ley)

Si no se adoptan medidas adecuadas o no
se informa la razón para no adoptarlas, el
Defensor lo pone en conocimiento de la
máxima autoridad respectiva y cuando
corresponda a la Contraloría General (art. 26
Ley)

Venezuela - Cualquier persona puede presentar
solicitud o queja, sin exclusión alguna por
razones de minoría de edad, incapacidad
legal, internamiento en centro de salud o de
reclusión, o por cualquier relación de
sujeción o dependencia a tercera persona o
a ente público, o por cualquier otra razón.
- La solicitud o queja puede ser formulada en
defensa de los derechos o intereses del
solicitante, de los de un tercero, o de
intereses colectivos o difusos (art. 57 y 58).

- Formular ante órganos correspondientes
las recomendaciones y observaciones
necesarias para la mejor protección de los
DDHH (art. 281.10 Const.)
- Instar al Fiscal General para que intente
acciones o recursos a que hubiere lugar
contra funcionarios responsables de
violación o menoscabo de los DDHH (art.
281.4 Const.)
- Solicitar ante órganos competentes la
aplicación de correctivos y sanciones a que
hubiere lugar (art. 281.6 Const.)

Contra las recomendaciones y
observaciones dictadas por el Defensor del
Pueblo no podrá interponerse recurso
alguno en vía judicial. Cuando nuevos
hechos o circunstancias así lo requieran,
éste podrá reconsiderarlas (art. 13; Ley).

- Solicitar al Consejo Moral Republicano que
adopte medidas a Que hubiere lugar
respecto de funcionarios públicos
responsables por violaciones o menoscabo
de los DDHH (art. 281.5 Const.)
- Todo funcionario o funcionaria o persona a
quienes se refiere el artículo 7 de esta Ley,
que sea requerida por la Defensoría del
Pueblo, debe colaborar, auxiliar, facilitar y
suministrar los informes, expedientes,
documentos, informaciones y explicaciones
solicitadas. Asimismo, se debe permitir el
libre acceso a los funcionarios o funcionarias
de la Defensoría del Pueblo a lugares y
documentos para el cumplimiento de su
misión. El incumplimiento a lo contenido en
el presente artículo hará incurrir a la persona

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País Procedimiento de Queja Resoluciones y sus efectos Recursos a sus recomendaciones Desacato a sus investigaciones y recomendaciones
en las responsabilidades previstas en el
Título IV de esta Ley, responsabilidad por
desobediencia, responsabilidad disciplinaria
por desobediencia, responsabilidad
administrativa y contractual (arts. 7, 72-74)

Fuente: OmbudsNet, IIDH


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