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Titleel tabú del conflicto armado en Chile
TagsHuman Rights State (Polity) Truth Augusto Pinochet
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HernÆn Vidal

FRENTE PATRIOTICO MANUEL RODR˝-
GUEZ

EL TABÚ DEL CONFLICTO ARMADO EN
CHILE

MOSQUITO EDITORES
biblioteca setenta & 3

FRENTE PATRIOTICO MANUEL RODRIGUEZ
El tabœ del con� icto armado en Chile
' HernÆn Vidal
' MOSQUITO Editores para la presente edición
Miguel León Prado 182 / Casilla Postal 52.801 Correo Central
Santiago de Chile
Primera edición: Marzo de 1995

Inscripción N”: 92.741

Diseæo y responsable de la colección: Cristian Cottet
Dirección tØcnica: Victor Cornejo
Diseæo portada: Alejandro Albornoz
Digitación, corrección de pruebas e imprenta:
MOSQUITO EDITORES: 556.55.08

Derechos exclusivos reservados para todos los países. Ninguna parte de este libro
puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por procedimientos mecÆni-

cos, ópticos o químicos, incluida la portada, sin autorización del editor.

I.S.B.N.: 956 - 265 - 064 - 2

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manitario para llamar la atención sobre el hecho de que los
procedimientos de castigo contra los combatientes encarce-
lados por la autoridad estatal eran inaceptables de acuerdo
con los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales.
En cuanto a las personas privadas de libertad, el Protocolo II,
que, como se ha indicado, rige con� ictos internos, establece
que �AdemÆs de las garantías fundamentales y de las que se
reconocen a los heridos y enfermos, las personas detenidas o
internadas por motivos relacionados con el con� icto armado
se bene� ciarÆn de todas las garantías, de conformidad con el
Protocolo, por lo que respecta a la alimentación, a la higiene,
a la seguridad, a los socorrros, al ejercicio de su religión y a las
condiciones de trabajo�. En cuanto a las diligencias penales
que el Estado pueda iniciar en contra de estas personas, las
Normas Fundamentales del Con� icto Armado estipulan que
�Sólo puede pronunciar condenas un tribunal que ofrezca
las garantías esenciales de independencia e imparcialidad�,
elemento que, en cuanto a la constitución y atribuciones de
las Fiscalías Militares, los abogados defensores de prisioneros
políticos en Chile han cuestionado incansablemente.
Echar mano del Derecho Internacional Humanita-
rio, hoy considerado ley consuetudinaria, Derecho de Gentes
vÆlida para toda la humanidad, habría aclarado la beligerancia
real existente entre el poder estatal y un sector importante de
la oposición que optó por la lucha armada. AdemÆs, tal recurso
habría hecho extensiva a ella todas las protecciones contem-
pladas en esta rama del Derecho Internacional constituyendo,
a la vez, un triunfo político para el FPMR, en la medida que se
hubiera reconocido indirectamente la calidad de combatien-
tes para sus militantes. Sin embargo, ya asentadas del todo las
premisas del tabœ cultural sobre la existencia de un con� icto
armado en Chile, los abogados defensores de combatientes
limitaron su perspectiva estratØgica, de� ectando la atención,
en su reemplazo, simultÆneamente hacia la denuncia de los
procedimientos legales arbitrarios por parte de un gobierno
militar ilegítimo que violaba el Estado de Derecho y hacia

la categoría mÆs tradicional en la cultura política chilena de
�preso político�.
Observemos que tal elección no deja de introducir
un grado de confusión en el momento de evaluar los hechos.
Declaraciones representativas de la estrategia seæalada a� r-
man que: �Aunque históricamente fue la organización de los
presos políticos quien determinaba a las personas que tenían
la calidad de tales, hoy Gendarmería [servicio estatal chileno
de administración de prisiones] aplica el criterio de que sólo
son presos políticos los que estÆn siendo procesados por
juzgados militares y no los que tienen causas en la justicia
ordinaria. Por lo tanto a estos œltimos se los separa físicamente
del resto. �Esto es injusto si se considera que una gran can-
tidad de presos comunes tambiØn son juzgados en � scalías
militares��; �...Gendarmería viola normas internacionales al
determinar la dispersión [de presos políticos entre criminales
comunes]. Estas normas adoptadas por las Naciones Unidas y
a las que Chile estÆ obligado, establecen reglas mínimas para
el tratamiento de los reos y determinan que cuando estos
pertenecen a categorías diversas, deben ser alojados en di-
ferentes establecimientos o secciones. TambiØn el artículo 10
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, establece que deben
ser separados los presos comunes de los presos políticos. Y,
por œltimo, el Código de Procedimiento Penal seæala que hay
que agrupar a los reos de acuerdo a la naturaleza del delito y
al grado de educación, y que no se puede agravar innecesa-
riamente la privación de libertad�(66). Las citas indican que, a
pesar de que Gendarmería y la autoridad superior reconocían
implícitamente a los detenidos la calidad de participantes en
un con� icto armado (�Gendarmería aplica el criterio de que
sólo son presos políticos los que estÆn siendo procesados por
juzgados militares...�), los abogados defensores no utilizaron la
oportunidad así ofrecida. Haberla utilizado habría permitido
presentar un per� l claro de la situación de los detenidos como
combatientes. Esto habría impedido que, mÆs adelante, en la
transición a la democracia, la oposición antimilitar que pro-
piciaba la negociación con las Fuerzas Armadas discriminara

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contra la oposición armada diferenciando entre �presos de
conciencia� y �presos de violencia�, movilizando contra Østos,
ademÆs, la categoría de �terroristas�.
El mismo FPMR declinó legitimar a largo plazo
su situación de combatientes, llevado por la inercia de la
necesidad militar inmediata. Para la Dirección Nacional del
FPMR, hacer de las prisiones �una trinchera de combate� sólo
demostró tener la aspiración a corto plazo de utilizar los
resquicios abiertos por los medios de comunicación masiva
para la agitación política. Por lo tanto, sus portavoces mÆs
bien orientaron sus declaraciones hacia el cuestionamiento y
enjuiciamiento de la actitud negociadora de la oposición que
mÆs tarde se congregaría en la Concertación de Partidos por
el NO. En desacuerdo con ellos, el FPMR hacía Ønfasis en la
corrección de su propia hipótesis sobre la marcha futura de
los sucesos políticos en Chile: para el FPMR, al igual que para
el PCCH, quienes pensaban que la dictadura abandonaría el
poder meramente por un ejercicio eleccionario caían en una
ilusión peligrosa, que redundaría en el decrecimiento de la
combatividad de las masas. Por otra parte, ante la probabilidad
cierta de un fraude electoral por parte del gobierno militar o
de un nuevo golpe de Estado, proponían como œnica vía a la
redemocratización real del país el aumento cualitativo de la
voluntad rupturista e insurreccional de las masas. Esta línea se
re� ejaba en las declaraciones hechas desde prisión, en el mo-
mento de explicar la razón de la rebeldía de los combatientes
al negarse a declarar ante el Fiscal Militar: �...desde un primer
momento [yo y el Fiscal Militar] tuvimos �encontrones�, cuando
yo le planteØ mi orgullo de ser un combatiente rodriguista
y jamÆs neguØ mi pertenencia al FPMR. Nunca le demostrØ
temor. En el primer interrogatorio me preguntó por quØ yo
había estado detenido en 1973 y yo le respondí que por ser
hijo de un militante comunista. �Claro, pu�s, por quØ otra razón
iba a estar preso a los catorce aæos�, le repuse. A esto hay que
sumarle la actitud que tomamos todos de no reconocer la jus-
ticia militar en particular y la civil en general, por su parcialidad
al reconocer todo el RØgimen para reprimir especialmente a

los militantes de las organizaciones mÆs consecuentes, lo que
se tradujo en no responder a los interrogatorios [...] Yo estoy
convencido de que la acción represiva de la � scalía contra los
presos políticos, como los allanamientos, las amenazas y los
hostigamientos, no se van a terminar pidiendo o rogando, sino
que cuando los presos políticos seamos capaces de resolver
nuestros problemas de unidad y prioricemos nuestros objeti-
vos comunes y luchemos por ellos, con la ayuda de las orga-
nizaciones sociales y de masas. Porque a todos nos preocupa
la actitud conciliadora y, hasta cierto punto, negociadora de
ciertas cœpulas políticas en relación a los derechos humanos.
Creo que a todos ellos debe quedarles bien claro que serÆn
responsables de lo que pase en esta materia, especialmente
si la represión queda impune�(67).
La lucha por obtener un reconocimiento indirecto
como combatientes legítimos en un con� icto armado interno
habría tenido una relación mÆs orgÆnica con los preparativos
que el PCCH habría estado haciendo en aæos anteriores, con
el objeto de instalar un observador o� cial del FPMR en las
Naciones Unidas. Para ello ya parecía contar con el apoyo de
varios gobiernos.
Mientras el secuestro del coronel Carreæo como
propaganda armada y los reportajes desde prisión asegura-
ban al FPMR una visibilidad y una presencia pœblicas, su línea
política mÆs sustancial se dirigió a la preparación de la Guerra
Patriótica Nacional. La hipótesis sobre la que se apoyaba era la
certidumbre de que la dictadura jamÆs abandonaría el poder
por medios eleccionarios. Por tanto, el FPMR debía prepararse
para la eventualidad de que en un plebiscito fraudulento, qui-
zÆs en la misma noche del escrutinio de los votos, explotara
una sublevación nacional y que, de aplastÆrsela, debía lanzar-
se de inmediato una guerra popular prolongada ya del todo
justi� cada. El dispositivo militar para hacer frente a esas po-
sibilidades se orientó a �basi� car� apresuradamente zonas de
acción en el norte, centro y sur de Chile, como para la iniciación
de focos guerrilleros rurales. Allí se haría un reconocimiento
del terreno apropiado que la premura del tiempo permitiera,

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