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TagsInstitutional Revolutionary Party Mexico Enrique Peña Nieto State (Polity)
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DOSSIER
NÚMERO 44 JULIO / SEPTIEMBRE 2012

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6 EUROS

SOLEDAD LOAEZA
DENISE DRESSER
SABINO BASTIDAS COLINAS
FRANCISCO VALDÉS UGALDE
JOSÉ MARÍA SERNA DE LA GARZA
ROLANDO CORDERA CAMPOS
JUAN PABLO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ
LUIS ASTORGA
JORGE CHABAT
MANUEL J. MOLANO
JORGE A. SCHIAVON
LEONARDO CURZIO
MARÍA DEL CONSUELO DÁVILA PÉREZ

EN LA ENCRUCIJADA
MÉXICO

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54 VANGUARDIA | DOSSIER

D E L I N C U E N C I A Y R E C O N F I G U R A C I Ó N P O L Í T I C A

vicio a la ciudadanía y la irres-
ponsabilidad política de parti-
dos y gobernantes pasados y
presentes.

En América Latina, Méxi-
co y los países de la zona An-
dina, principalmente Colom-
bia, Perú y Bolivia, han resenti-
do con mayor fuerza la política
antidrogas promovida por Es-
tados Unidos desde principios
del siglo XX y adoptada, gene-
ralmente sin gran oposición de
fondo, por los gobiernos lati-
noamericanos. Como preludio
de lo que llamaría la “guerra
contra las drogas”, la Adminis-
tración Nixon puso en marcha
en 1969 la Operación Intercep-
tación en la frontera con Mé-
xico. Los controles a vehículos

y personas no pararon el flujo de drogas hacia
Estados Unidos, pero la medida sí provocó un
conflicto diplomático. Posteriormente, entre
1975 y 1978, el gobierno mexicano, impulsado
por Estados Unidos, inició un gran despliegue
militar para destruir cultivos ilegales y le llamó
Operación Cóndor. Unos 10.000 militares fue-
ron enviados a la sierra que comparten los esta-
dos de Sinaloa, Chihuahua y Durango para des-
truir cultivos de amapola y marihuana. En
1978-1980, el gobierno de Julio César Turbay en
Colombia puso en marcha la Operación Ful-
minante para destruir los cultivos de marihua-
na en la Guajira y la zona Atlántica, también
con unos 10.000 militares. En 1986, el presiden-
te Reagan promulgó la Directiva de Seguridad
Nacional 221, la cual definió el tráfico interna-
cional de drogas como una amenaza a la segu-
ridad nacional de Estados Unidos. En ese mis-
mo año, el gobierno estadounidense comenzó
en Bolivia la Operación Blast Furnace (Ope-
ración Alto Horno) con tropas del Comando
Sur, agentes de la DEA y helicópteros Black
Hawk, en apoyo a la Policía Nacional, para des-
truir lugares de procesamiento de coca en los
departamentos del Chapare, Beni y Santa Cruz.
En 1987, la DEA y el Bureau of Internacional
Narcotics Matters del Departamento de Estado
iniciaron la Operación Snowcap (Operación
Corona de Nieve) en 12 países, pero concentra-
ron sus actividades en Perú, Bolivia y Ecuador.
En 1989, la Administración Bush lanzó la Ini-
ciativa Andina en Colombia, Perú y Bolivia para

reducir la producción y tráfico de cocaína hacia
Estados Unidos, lo que implicó un financia-
miento de poco más de 2.000 millones de dóla-
res para asistencia militar y económica, progra-
mas de aplicación de la ley y apoyo de la DEA.
En 2000 dio inicio el Plan Colombia” y en 2007
la estrategia conjunta México-Estados Unidos
llamada Iniciativa Mérida.

En México, el tráfico de drogas ilegales
nació subordinado a la política desde los tiem-
pos de la revolución Mexicana y así continuó
en el Estado post-revolucionario, dominado por
el partido de Estado (PNR-PRM-PRI), durante
varias décadas. Los traficantes fueron simultá-
neamente contenidos, extorsionados, controla-
dos y protegidos por el aparato político y de
seguridad del Estado, y a la vez marginados del
poder político. El desmantelamiento en los
años 80 del aparato político-policíaco creado en
los 40 (Dirección Federal de Seguridad, DFS), y
más tarde el proceso de democratización y la
reconfiguración del poder político en el país,
junto con la diversificación y el crecimiento del
mercado de las drogas ilegales en el mundo,
particularmente en Estados Unidos, provocó
un cambio en la relación de subordinación y
los traficantes empezaron a adquirir una mayor
autonomía respecto del poder político.

Al desaparecer el árbitro y sus mecanis-
mos de control, las organizaciones criminales
entraron en un proceso de lucha violenta por la
hegemonía en el campo criminal. Hubo recon-
figuración de los dos campos, las relaciones
entre ambos se modificaron. Pasaron de la su-
bordinación histórica en la que los traficantes
tenían tres opciones, si no aceptaban las reglas
del juego del sistema autoritario –salir del ne-
gocio, ir a la cárcel o morir–, a los intentos de
realizar cambios cualitativos en la correlación
de fuerzas. Los criminales han aprovechado las
diferencias políticas de los partidos gobernan-
tes en los niveles federal, estatal y municipal, la
fragmentación de la capacidad del Estado deri-
vada de ellas, la corrupción de funcionarios y
agentes de seguridad, la debilidad de la socie-
dad civil y el temor, la complacencia y la com-
plicidad de algunos sectores de la misma. De
esta manera han puesto a la clase política fren-
te a tres alternativas: subordinarse a los intere-
ses criminales, ser socios en igualdad de condi-
ciones y beneficiarse mutuamente, o hacer cau-
sa común para aplicarles la ley.

Como resultado de esa combinación de
factores surgieron condiciones de posibilidad

Para sus fines
criminales,
las bandas
de facinerosos
se han
aprovechado
de las pugnas
políticas de los
partidos, de la
fragmentación
del Estado, de
la corrupción
de funcionarios
y policías y de
la debilidad
y temor de la
sociedad civil

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VANGUARDIA | DOSSIER 55

D E L I N C U E N C I A Y R E C O N F I G U R A C I Ó N P O L Í T I C A

para el crecimiento del mercado interno, la vio-
lencia entre las organizaciones criminales y de
estas contra policías, militares y sociedad civil.
En ausencia de una política de seguridad de
Estado y la situación desastrosa de cientos de
corporaciones policíacas corruptas, desorgani-
zadas y mal preparadas, además de un débil sis-
tema de procuración de justicia, y altos niveles
de pobreza, desempleo y desigualdad que no
han sido solucionados, el gobierno federal,
desde la Administración Zedillo (1994-2000)
hasta la del presidente Calderón (2006-2012), se
ha apoyado cada vez más y de manera desespe-
rada en los militares para tratar de controlar
los asuntos relacionados con el tráfico de dro-
gas ilegales. México pasó de la seguridad autori-
taria en la época de la hegemonía del PRI, a la
inseguridad en la transición democrática, acci-
dentada y sin rumbo claro.

En años recientes, México ha sido noticia
en la prensa internacional por la cantidad de
homicidios dolosos, las modalidades de la vio-
lencia, su frecuencia y expansión en el territo-
rio nacional. Se trata de una situación generada
en mayor medida por las organizaciones crimi-
nales, algunas transnacionales y otras de carác-
ter local, cuyos ingresos más importantes se
derivan principalmente, pero no de manera
exclusiva en algunos casos, del tráfico de drogas
ilegales. Las posiciones en torno a la política
actual del gobierno mexicano para combatir a
estas organizaciones y la escalada de la violen-
cia de los últimos años están divididas. Para
algunos críticos del presidente Felipe Calderón
(2006-2012), la violencia ha sido provocada por
una política errónea de su gobierno contra los
grupos criminales al “sacudir el panal” usando
las fuerzas federales, especialmente las milita-
res, para tratar de “legitimarse” después de
unas elecciones muy competidas cuyos resulta-
dos no fueron aceptados por algunos sectores
de la población. Entre quienes esgrimen esta
posición hay quienes responsabilizan al presi-
dente Calderón por los miles de asesinatos ocu-
rridos durante su mandato. Esta percepción se
basa en un supuesto no comprobable: que las
organizaciones de traficantes habrían decidido
no pelearse entre sí, contra representantes de la
ley y no agredir a la sociedad civil, en caso de
que el gobierno federal se hubiera inclinado por
una estrategia de dejar hacer y dejar pasar, u otra
que no implicara la participación de las fuerzas
armadas. A toda acción corresponde una reac-
ción, pero a toda omisión también.Otra visión

es la de quienes consideran que era necesaria la
presencia y las acciones de los militares para
tratar de contener y debilitar a las organizacio-
nes criminales, dados varios elementos: la
expansión y agresividad de las organizaciones,
sus intentos y logros de control territorial, las
extorsiones a negocios legítimos en sus zonas
de influencia, los secuestros, las amenazas y los
asesinatos de una crueldad inusitada, desenfre-
nada, la incapacidad evidente de las policías
locales, los bajos niveles de preparación de los
miembros de las más de 2.000 instituciones
policiales en el país y prácticas extendidas de
corrupción; la falta de cooperación entre las dis-
tintas fuerzas políticas que ocupan las posicio-
nes de poder en el gobierno central, los estados
y municipios, y por consiguiente entre las prin-
cipales instituciones de seguridad del gobierno
federal y las de los estados y municipios que
dependen de ellas, frente a grupos criminales
con gran poder económico y de fuego y genera-
dores de situaciones de ingobernabilidad.

Reconfiguración política y criminal
Las transformaciones del campo político

en los últimos años en México han implicado a
su vez modificaciones en sus nexos con el
campo del tráfico de drogas y de las relaciones
de poder dentro de este. La Secretaría de la De-
fensa Nacional de México, el Departamento de
Estado de Estados Unidos y varios senadores de
ese país coinciden en señalar a siete organiza-
ciones criminales mexicanas como las más
importantes: Sinaloa (Chapo Guzmán o Pacífico),
Arellano Félix (Tijuana), Beltrán Leyva (Pacífico
Sur), Carrillo Fuentes (Juárez), La Familia Mi-
choacana, Tamaulipas (Golfo) y los Zetas. Han
sido clasificadas por el gobierno de Estados
Unidos como organizaciones criminales trans-
nacionales que controlan una gran parte de la
producción, transporte, y distribución al mayo-
reo de las drogas ilegales destinadas a ese país y
dentro de él. Esto indica que la estructura del
campo del tráfico de drogas es predominante-
mente oligopólica, no está cartelizada y no hay
ningún grupo o coalición que haya logrado la
hegemonía en el mismo.

¿Qué significa la reconfiguración del cam-
po político para las organizaciones de trafican-
tes? Que quienes pueden proporcionar protec-
ción para sus actividades, o con quienes se pue-
den asociar, o a quienes hay que amenazar, co-
rromper o eliminar forman parte de las estruc-
turas de poder político que gobiernan en dife-

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ESTA PRIMAVERA ES ÚNICA

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