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penal se regirá, entre otros, por el principio de que “cualquier prueba obtenida con
violación de derechos fundamentales será nula”.
De otra parte, existen otras posiciones que predican que la prueba
prohibida es un auténtico derecho fundamental que garantiza que el medio
probatorio prohibido no sea admitido, ni actuado o valorado en el proceso penal
como prueba de cargo, pero que, como todo derecho fundamental, admite
limitaciones en su ejercicio.
En sentido contrario, corresponde destacar que en alguna oportunidad el
Tribunal Constitucional español consideró que la prueba prohibida no era un
auténtico derecho constitucional. Así, en el Auto 289/1984, del 16 de mayo de
1984, se destacó que el principio de prohibición de utilizar los medios de prueba
ilícitamente obtenidos “no se apoya en ninguna norma de derecho positivo ni de la
Constitución, ya que no existen disposiciones legales en qué apoyar tal principio y
doctrina”.
También se ha considerado que la prueba prohibida es un límite al ejercicio del
derecho fundamental a la prueba. En este sentido, en la STC 06712-2005-
PHC/TC, este Tribunal precisó, entre otras cosas, que el medio probatorio debe
ser lícito, es decir, que no “pueden admitirse medios probatorios obtenidos en
contravención del ordenamiento jurídico”, pues se trata de “supuestos de prueba
prohibida”.
En resumen, en la dogmática y jurisprudencia constitucional comparada
resulta variable la naturaleza jurídica que se le pretende atribuir a la prueba
prohibida. No obstante ello, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado, que: “la
prueba prohibida es un derecho fundamental que no se encuentra expresamente
contemplado en la Constitución, que garantiza a todas las personas que el medio
probatorio obtenido con vulneración de algún derecho fundamental sea excluida
en cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de
una persona, o que prohíbe que este tipo de prueba sea utilizada o valorada para
decidir la situación jurídica de una persona. En este sentido, debe destacarse que
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Bibliografía
Libros
CABRERA ZEGOBIA, Juan Carlos. “La prueba prohibida y sus reglas de
exclusión” en Revista Jurídica del Perú – Derecho Privado y Público Nº 84.
Febrero. 2008.
LÓPEZ BARCA DE QUIROGA, Jacobo. “Las escuchas telefónicas y la prueba
ilegalmente obtenida”. Akal. Madrid.
MIXÁN MÁSS, Florencio. “Categorías y Actividad Probatoria en el Procedimiento
Penal”. Ediciones BGL, Trujillo. 1996.
MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. “El concepto de prueba ilícita y su tratamiento
en el derecho procesal penal”. Bosch Editor. Barcelona. 1999.
PELLEGRINI GRINOVER, Ada. “Pruebas Ilícitas en Ciencias Penales” en Revista
de Asociación de Ciencias Penales Nº 10. La revista puede descargarse de
www.cienciaspenales.org
PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. “Manual de Derecho Procesal Penal”.
Ediciones Legales. 3ra Edición. 2011.
SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. “El Nuevo Proceso Penal”. Idemsa. 2009.
SENTÍS MELENDO, Santiago. “Qué es la prueba” en Revista de Derecho
Procesal Iberoamericana. Nº 2.
Sentencias del Tribunal Constitucional
EXP. Nº 2053-2003-HC/TC.
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penal se regirá, entre otros, por el principio de que “cualquier prueba obtenida con
violación de derechos fundamentales será nula”.
De otra parte, existen otras posiciones que predican que la prueba
prohibida es un auténtico derecho fundamental que garantiza que el medio
probatorio prohibido no sea admitido, ni actuado o valorado en el proceso penal
como prueba de cargo, pero que, como todo derecho fundamental, admite
limitaciones en su ejercicio.
En sentido contrario, corresponde destacar que en alguna oportunidad el
Tribunal Constitucional español consideró que la prueba prohibida no era un
auténtico derecho constitucional. Así, en el Auto 289/1984, del 16 de mayo de
1984, se destacó que el principio de prohibición de utilizar los medios de prueba
ilícitamente obtenidos “no se apoya en ninguna norma de derecho positivo ni de la
Constitución, ya que no existen disposiciones legales en qué apoyar tal principio y
doctrina”.
También se ha considerado que la prueba prohibida es un límite al ejercicio del
derecho fundamental a la prueba. En este sentido, en la STC 06712-2005-
PHC/TC, este Tribunal precisó, entre otras cosas, que el medio probatorio debe
ser lícito, es decir, que no “pueden admitirse medios probatorios obtenidos en
contravención del ordenamiento jurídico”, pues se trata de “supuestos de prueba
prohibida”.
En resumen, en la dogmática y jurisprudencia constitucional comparada
resulta variable la naturaleza jurídica que se le pretende atribuir a la prueba
prohibida. No obstante ello, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado, que: “la
prueba prohibida es un derecho fundamental que no se encuentra expresamente
contemplado en la Constitución, que garantiza a todas las personas que el medio
probatorio obtenido con vulneración de algún derecho fundamental sea excluida
en cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de
una persona, o que prohíbe que este tipo de prueba sea utilizada o valorada para
decidir la situación jurídica de una persona. En este sentido, debe destacarse que
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Bibliografía
Libros
CABRERA ZEGOBIA, Juan Carlos. “La prueba prohibida y sus reglas de
exclusión” en Revista Jurídica del Perú – Derecho Privado y Público Nº 84.
Febrero. 2008.
LÓPEZ BARCA DE QUIROGA, Jacobo. “Las escuchas telefónicas y la prueba
ilegalmente obtenida”. Akal. Madrid.
MIXÁN MÁSS, Florencio. “Categorías y Actividad Probatoria en el Procedimiento
Penal”. Ediciones BGL, Trujillo. 1996.
MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. “El concepto de prueba ilícita y su tratamiento
en el derecho procesal penal”. Bosch Editor. Barcelona. 1999.
PELLEGRINI GRINOVER, Ada. “Pruebas Ilícitas en Ciencias Penales” en Revista
de Asociación de Ciencias Penales Nº 10. La revista puede descargarse de
www.cienciaspenales.org
PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso. “Manual de Derecho Procesal Penal”.
Ediciones Legales. 3ra Edición. 2011.
SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. “El Nuevo Proceso Penal”. Idemsa. 2009.
SENTÍS MELENDO, Santiago. “Qué es la prueba” en Revista de Derecho
Procesal Iberoamericana. Nº 2.
Sentencias del Tribunal Constitucional
EXP. Nº 2053-2003-HC/TC.
